Tribunal de mediación, conciliación y arbitraje deportivo de Panamá

El arbitraje en Panamá tiene fundamento constitucional. De conformidad con el artículo 202 de la Constitución Nacional, “El Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la Ley establezca. La administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la ley. Los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia”.

De dicha disposición deriva que la  es autónoma e independiente de la jurisdicción ordinaria y que ambas coexisten como parte de la administración de justicia, de manera que los tribunales de justicia están obligados a declinar su competencia a la instancia arbitral cuando las partes hayan acordado resolver sus diferencias mediante arbitraje. 

En desarrollo del artículo 202, se adoptó la Ley 131 de 31 de diciembre de 2013 (la Ley de Arbitraje), por la cual se regula el arbitraje nacional e internacional en Panamá. De Conformidad con su artículo 4, “Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición de las partes conforme a Derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen.”

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Arbitraje, “Los efectos de pactar un acuerdo de arbitraje son sustantivos y procesales.  El efecto sustantivo obliga a las partes a cumplir lo pactado y a formalizar la constitución del tribunal arbitral, colaborando con sus mejores esfuerzos de manera expedita y eficaz, para el desarrollo y finalización del procedimiento arbitral.  El efecto procesal consiste en la declinación de la competencia, por parte del tribunal judicial, a favor del tribunal arbitral y la inmediata remisión del expediente al tribunal arbitral.  El juez o tribunal ante quien se presente una demanda, acción o pretensión relacionada con una controversia que deba resolverse mediante arbitraje se inhibirá del conocimiento de la causa, rechazando de plano la demanda, sin más trámite, y reenviando de inmediato a las partes al arbitraje, en la forma que ha sido convenido por ellas y de conformidad con lo previsto en la presente Ley.  En todo caso, si se ha presentado ante un tribunal judicial cualquier reclamación sobre un asunto que sea objeto de arbitraje, se podrá iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal judicial, sin perjuicio de la competencia del tribunal arbitral para juzgar acerca de su propia competencia en la forma establecida en la presente Ley y de los recursos contra el laudo que se establecen en esta. También deben inhibirse los organismos o entes reguladores estatales, municipales o provinciales, que deban intervenir dirimiendo controversias entre las partes, si existiera un convenio arbitral previo.”

Con fundamento en la norma constitucional y las disposiciones legales citadas, los tribunales arbitrales tienen competencia exclusiva y privativa, sin injerencia de los tribunales ordinarios de justicia, para decidir si son competentes para conocer de una controversia que deriva de una relación jurídica en que las partes hayan convenido expresa o implícitamente el arbitraje como medio para dirimir su controversia. Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de manera uniforme y recurrente.  

Por su naturaleza, como reconoce la doctrina, los conflictos deportivos derivan de relaciones jurídicas que comprenden materias que se encuentran en la esfera de la libre disposición al poder ser transadas por voluntad de las partes sin requerir de la aprobación de una autoridad pública. Por tal razón, toda disputa de naturaleza deportiva puede resolverse mediante arbitraje previo acuerdo de las partes en conflicto.